Las cámaras de Senadores y Diputados de la Nación se hacen eco del gobierno paralelo que quiere crear Alberto Rodríguez Saá
Gabriela González Riollo y Karina Bachey junto a otros 14 legisladores de distintas provincias presentaron declaraciones de repudio a las últimas medidas tendientes a armar estructuras políticas en el Estado para alojar a sus partidarios y condicionar la gestión de Claudio Poggi.
La iniciativa promovida por Gabriela González Riollo en el Senado expresa su “enérgica preocupación y repudio” por a las acciones impulsadas por Alberto Rodríguez Saá creando nuevos cargos en la administración pública en el afán de “desfinanciar los presupuestos e instalar un gobierno paralelo” a la gestión que asumirá el 10 de diciembre.
La senadora nacional del PRO cuestiona que en San Luis “lejos de iniciarse una transición institucionalmente ordenada, responsable, transparente cuidando a los sanluiseños, Alberto Rodríguez Saá asumió una actitud final destructiva, tomando medidas disparatadas aprovechando de su mayoría legislativa con medida que van en contra la transición en orden y paz”.
Allí inscribió la creación de la superestructura de 53 cargos con sueldos exorbitantes en la Legislatura. Subrayó que eso ocurrió en “una sesión tan fugaz como carente de sustentos fácticos que justificara tomar tales medidas”.
“Veo con gran preocupación y como una burda y evidente forma de desestabilizar el gobierno provincial futuro, y no permitir sencillamente, porque las estructuras del poder político deben estar al servicio del pueblo y no de los dirigentes”, valoró González Riollo que aspira a un nuevo mandato y competirá en las PASO.
Por su parte Karina Bachey presentó una declaración que contó con la adhesión de Poggi y sus pares Dina Rezinovsky, Alejandro Finocchiaro, Alejandro Cacace, Margarita Stolbizer, Sabrina Ajmechet, Gerardo Cipolini, Mario Barletta, Pablo Torello, Mercedes Joury, Sofía Brambilla, Alberto Asseff, María Sotolano y Germana Figueroa Casas.
En este caso plantearon el repudio y preocupación por la sanción de la ley que creó 53 puestos de funcionarios en la Legislatura con sueldos de $800 mil
“Los mismos, servirán como refugio para funcionarios del oficialismo una vez que concluya el mandato del gobernador actual”, sostuvo Bachey.
“Si bien sabemos que la responsabilidad política y de gobierno del actual gobernador es hasta el 9 de diciembre, estas medidas que se toman a pocos meses de finalizar el mandato de manera intempestiva y arbitraria, llaman la atención y demuestran que claramente buscan entorpecer y crear un gobierno paralelo para permanecer en el poder”, manifestó la legisladora sanluiseña y consideró “necesario y fundamental garantizar el respeto a nuestras instituciones democráticas para construir una convivencia social entre todos”.